Tema 2 de Historia contemporánea en el País Valenciano

TEMA 2. ENTRE LA REVOLUCIÓN LIBERAL Y LA REACCIÓN ABSOLUTISTA

1. Evolución política.

I. La Restauración de Fernando VII. El Sexenio absolutista (1814-1820).

Tras la firma del Tratado de Valençay, en diciembre de 1813, Napoleón reconoció a Fernando VII como monarca español, iniciándose así el Sexenio Absolutista (1814-1820). Desde finales de 1813 diversos grupos absolutistas habían estado conspirando para eliminar la obra legislativa de las cortes de Cádiz y reestablecer el Antiguo Régimen.

La ciudad de Valencia fue el principal núcleo de la actividad propagandística y política antiliberal, lo que hace que Fernando VII entre por Valencia porque sabe que es una ciudad fiel. En 1813 surgieron periódicos como El Fernandino o Lucindo, que apostaban por la vuelta al trono de Fernando VII como monarca absoluto. Fernando VII tenía además en Valencia el apoyo de los sectores privilegiados, como la nobleza propietaria valenciana, y también del ejército, teniendo el apoyo del capitán general de Valencia, Elio. El arzobispo de Valencia también apoyó a Fernando VII. De esta forma, en la ciudad de Valencia se forjó la trama política y militar del golpe. Desde la ciudad se lanzó en abril de 1814 el Manifiesto de los Persas, un documento firmado en Madrid por 69 diputados que rechazaban el ordenamiento constitucional y apostaban por el carácter absoluto de la monarquía fernandina.

El 4 de mayo de 1814 Fernando VII firmó en Valencia un decreto que abolía toda la legislación liberal y la Constitución de 1812, decreto que fue acompañado del golpe de Estado de Elio en Madrid. El apoyo de la nobleza valenciana a Fernando VII vino dado por el deseo de volver a percibir las rentas y derechos señoriales. También pretendían recuperar sus dominios jurisdiccionales, para mantener los viejos privilegios.

La restauración de Fernando VII, sin embargo, no supuso una vuelta atrás sin más. En septiembre de 1814 Fernando VII aprobó una Real Cédula a través de la que reforzaba el poder de la Corona a costa de la vieja nobleza feudal. Aunque restituyó el pago de rentas derivadas de la propiedad privada, no reconoció el derecho jurisdiccional de los señores. Con ello se evitaba la pluralidad de jurisdicciones. La nobleza valenciana reaccionó de forma inmediata, y se dirigieron numerosas peticiones a Fernando VII para recuperar sus poderes jurisdiccionales, pero éste no cedió. Así, el Sexenio Absolutista nos muestra el proyecto del monarca de administrar mejor el patrimonio de la monarquía, aún a costa de la nobleza.

En el periodo se produjo además un grave incremento del bandolerismo, por la crisis socioeconómica provocada por los años de guerra. Uno de los ejemplos más destacados fue el de Jaime el Barbudo, que actuaba en la sierra de Crevillente, contra la miseria y contra el absolutismo.

Los liberales intentaron desde el exilio acabar con el régimen de Fernando VII. En 1817 se descubrió una conspiración para desalojar a los Borbones de sus tronos en Francia y España. En ella participaron afrancesados y liberales en el exilio, con nombres como Amorós o el conde de Toreno, mostrando la coincidencia práctica de sus ideas.

En 1819 se produjo la conspiración de Vidal, que pretendía asesinar al capitán general de Valencia, Elio, y proclamar la Constitución de 1812. La organización y financiación de esta conspiración corrió a cargo de los hermanos Bertrán de Lis. Destaca otra conspiración de 1819, estudiada por Claude Morange en su obra Una conspiración fallida y una Constitución non nata, puesto que pretendía crear una nueva Constitución basada en la de 1812.

II. El Trienio Liberal (1820-1823).

El pronunciamiento militar que finalmente tendría éxito fue el de Rafael Riego, en enero de 1820, dando paso con ello al Trienio Liberal o Trienio Constitucional. En la organización de la conspiración volvemos a encontrar a los hermanos Bertrán de Lis.

Es una época de libertades políticas: libertades individuales exclusivamente de propiedad, expresión, opinión... El liberalismo va así evolucionando y desde esta época habrá una separación: los moderados, defienden un poder ejecutivo fuerte, apoyan la libertad de expresión, imprenta, pero con ciertos controles; y los exaltados, también liberales pero quieren una profundización en los liberales, que no hayan las ligeras cortapisas de los moderados, que el legislativo tenga más peso, son más democráticos. Los moderados serán los que controlen el poder hasta 1868 con la abdicación de Isabel II, pero con presión de los exaltados que representan una clase media-baja, que quieren que se ensanche la participación política. Y por otra parte los realistas: aristocracia, algunos burgueses, muy religiosos y conservadores.

En esta época se renueva la composición de los Ayuntamientos, con un sufragio censitario masculino. Hasta ese momento el poder local está controlado por la nobleza local, comarcal y el clero, ahora en esta época serán elegidos por liberales de la alta burguesía o campesinos enriquecidos, depende de la localidad. Es un proceso muy lento pero es más representativo que la época anterior. El control de los ayuntamientos en este momento será fundamental. Los dos únicos polos de poder son los ayuntamientos y el poder central.

Durante el Trienio Liberal se produjo un importante desarrollo de la sociedad civil, en base a la creciente importancia de la prensa política, la creación de sociedades patrióticas y el restablecimiento de la Milicia Nacional como elemento difusor y defensor de las ideas liberales. Los periódicos de ideología liberal surgieron a cientos en el Trienio Liberal, también en Alicante y Valencia. La prensa se mostraba claramente como un elemento crucial para movilizar a la ciudadanía, iniciándose la guerra por la opinión pública. Durante el Trienio Liberal existían 12 periódicos en Alicante, entre ellos El Liberal Alicantino o El Constitucional.

La creación de sociedades patrióticas también fue vital, habiendo sido estudiadas por Gil Novales. En su opinión, eran centros de sociabilidad, lugares de reunión de nobles y burgueses liberales para el debate político. Eran clubes abiertos a la discusión política y fueron una clara imitación de los clubes políticos franceses. Se trata de sociedades liberales para la época, muy de  izquierdas, pero muy elitistas. Espacios de libertad, en el sentido de debate político y reelaboración de las ideas que provienen del extranjero. También emanan nuevas ideas a través de folletos y periódicos fundamentales para el desarrollo del liberalismo. En el País Valenciano destacó la Sociedad Patriótica de Valencia, dirigida por los hermanos Bertrán de Lis, que creó el periódico El Tribuno de la Sociedad Patriótica de Valencia. También hubo otras en Monóvar, Castellón, Orihuela y en Alicante, donde se situaba la Sociedad de Amantes de la Constitución, que admitía a mujeres como socias.

En cuanto a la Milicia Nacional, eran milicias locales voluntarias que habían surgido en el contexto de la Guerra de Independencia. Eran el brazo armado de la burguesía, y volvieron a surgir en 1820, compuestas por civiles voluntarios dirigidos en ocasiones por militares, y estando organizadas por los Ayuntamientos. Llevaban a cabo labores de carácter policial y fueron fundamentales para sofocar diversas sublevaciones absolutistas, caso de la gran asonada de Valencia en 1822, que terminó con Elio ejecutado. En 1822 en Orihuela también se hubo de sofocar una sublevación absolutista, para lo que fue necesaria la colaboración de las milicias de Elche, Crevillente, Alicante y Murcia, dirigidas por Antonio Fernández Bazán. En cuanto a la legislación del prolífico Trienio Liberal, se aprobó la desvinculación del mayorazgo junto con ligeras leyes desamortizadoras sobre tierras nobiliarias y eclesiásticas.

            También se aprobaron leyes para abolir los gremios y liberalizar la industria. Con todas esas leyes se pretendía consolidar el capitalismo en España. Pero esta legislación tuvo efectos muy negativos sobre las clases populares. Y es que la industria en el País Valenciano tenía poco peso, estando basada en pequeños talleres, exceptuando el caso de Alcoy, el único foco significativo de la industrialización valenciana. De 1821 a 1823 se produjeron las primeras manifestaciones ludistas en España, en el contexto del primer movimiento social colectivo del proletariado industrial alcoyano contra la introducción de máquinas en el sistema productivo: los campesinos de Alcoy y alrededores que trabajaban para ganar un sobresueldo en una pequeña industria manual domiciliaria “puttin out system” ahora se van a encontrar con  fábricas que necesitan poca gente y producen una gran cantidad y evidentemente eso les quita a ellos, no solo posibles empleos, sino también mercado en el que vender sus productos para sacar algo de beneficio, por lo que hay una revuelta con armas, aunque este tipo de revueltas no impidió que el proceso continuara.

            Lo más importante del Trienio fueron las medidas que afectaron a la agricultura, la desamortización de bienes de la Iglesia y de la nobleza. Sus consecuencias en el campo valenciano es que muchas de estas tierras se expropian y a subastan, siendo compradas por enfiteutas ricos o burgueses dedicados al comercio, beneficiando a nuevos propietarios agrarios y campesinos enriquecidos , pero que perjudica al campesinado, pues los nuevos dueños imponen nuevas rentas y normalmente más altas, lo que hace que muchos campesinos , sobre todo los más pobres, acabaran abrazando las posiciones del realismo como rechazo a ese régimen liberal que les ha traído más pobreza y no mejoras, lo que hace, a su vez, que se extiendan las partidas realistas, grupos armados con un cierto componente de bandolerismo , coordinadas incluso por sacerdotes con una cierta implicación del bajo clero.

Este tema, enlaza con las relaciones tensas entre Iglesia y Estado, pues la primera está contra la desamortización, pues se trata de una ingerencia del estado en su ámbito de poder y pretende un fuerte control sobre la Iglesia y se obliga desde las autoridades locales que los sacerdotes desde el altar expliquen la Constitución de 1812 y la defiendan. En el caso del  País Valenciano se desterró al arzobispo de Valencia y obispo de Orihuela, Simón López, quien nombra a un sustituto cuando lo echan, Félix Herrero, pero al ayuntamiento liberal de Orihuela no le gusta y fuerza al cabildo de la catedral para poner a un clérigo liberal, Joaquín Jimeno, caracterizado por su defensa de tesis mas absolutistas. Hay una situación de caos porque los clérigos de la Diócesis no saben a quien prestar atención.

III. La Década Ominosa (1823-1833).

Tras la restauración en el trono de Fernando VII, éste abolió toda la legislación del Trienio Liberal, incluyendo la recuperada Constitución de 1812. Se inició así la Década Ominosa, de 1823 a 1833, término utilizado por los propios liberales de la época.

En abril de 1823 un Congreso de la Santa Alianza reunido en Verona decidió acabar con el germen del liberalismo español. Se decidió enviar a los 100.000 hijos de San Luis, un ejército enviado por Francia. Si bien su número no era el indicado, se unieron en España al Ejército de la Fe, constituido en 1822 en el norte del país por absolutistas dirigidos por el Duque de Angulema. A estas fuerzas se unieron los 2.000 hombres de la guerrilla absolutista del ilicitano Rafael Senpere. Todos juntos tomaron la ciudad de Valencia en junio de 1823. Alicante ofreció una gran resistencia a las tropas absolutistas, constituyéndose en refugio de los liberales, aunque finalmente fue tomada en noviembre.

La resistencia alicantina fue dirigida por el militar Chapalangarra, y fue la última ciudad en caer ante las tropas invasoras. Nicasio Jover, cronista alicantino, habló de las dificultades de abastecimiento de la ciudad por el gran número de liberales allí reunidos. Así, se acrecentó el mito de Alicante como ciudad liberal por excelencia.

El periodo se caracterizó por la gran represión social y política ejercida contra los liberales, a través de varios mecanismos. Y es que tras el retorno de Fernando VII, parte de los integrantes del ejército de la Santa Alianza permanecieron en España hasta 1828, para garantizar el orden absolutista.

También destacó la creación de Tribunales de Purificación y Seguridad Pública, aplicados ya en 1814, y que ahora se retomaron para depurar los puestos administrativos y funcionariales. El Ayuntamiento de Valencia creó uno de estos tribunales en 1823, lo que supuso la cárcel o el exilio a Francia o Gibraltar para muchos liberales. Junto a ello, se abolió la libertad de prensa. Otro elemento de la represión fueron las Juntas de Fe, y es que se pidió una reinstauración de la Inquisición, que no se hizo de forma oficial aunque sí de forma práctica. Las Juntas de Fe eran una Inquisición enmascarada, y la de Valencia fue creada en 1824, estando controlada por una sociedad secreta ultrarrealista valenciana, La Eliana.

Detrás de las Juntas de Fe estaban las altas jerarquías eclesiásticas, como el arzobispo de Valencia, Simón López. Entre 1823 y 1833 actuaron estas Juntas de Fe, hasta tal punto que en 1834 Martínez de la Rosa abolió la Inquisición de nuevo, asimilando así las Juntas de Fe al Santo Oficio. Y es que las Juntas de Fe condenaban a la gente por herejías políticas, lo que provocó un importante escándalo internacional.

La represión llegó incluso a la Universidad de Valencia, donde se suprimió la cátedra de Agricultura, por depender de la Sociedad Económica de Amigos del País. En julio de 1830 la Universidad de Valencia fue cerrada por completo para evitar que los alumnos hablaran sobre el destronamiento de Carlos X y la entronización de Luís Felipe de Orleáns en Francia.

Otro mecanismo de represión fue la creación en 1823 de unos grupos paramilitares, los Voluntarios Realistas. Esta fuerza seguía una organización similar a la de la Milicia Nacional. En la ciudad de Alicante la represión fue muy dura, quedando a cargo de Pedro Fermín Iriberry, gobernador de la ciudad. Controlaba todos los aspectos del gobierno municipal con el apoyo de los Voluntarios Realistas alicantinos. Los clérigos también le apoyaron, incitando a que los habitantes delataran a sus vecinos liberales. Iriberry detuvo a tanta gente que desbordó la capacidad de la cárcel del castillo de Santa Bárbara, por lo que hubo de utilizarse como cárcel el castillo de San Fernando y la Casa de la Asegurada, el edificio civil más antiguo de la ciudad de Alicante, de 1685.

Durante la Década Ominosa la contraofensiva liberal se llevó a cabo desde la clandestinidad. En el País Valenciano destacó la insurrección de Antonio y Juan Fernández Bazán (hermanos Bazán). El primero había sido el director de la fábrica de tabacos de Alicante y un destacado dirigente de las milicias liberales. En febrero de 1826 intentaron poner las bases para permitir la vuelta de los liberales exiliados para dar un golpe. Desembarcaron en la playa de Guardamar con unos 100 liberales más. Pero los Voluntarios Realistas de Guardamar y Rojales los rodearon, y les forzaron a huir hacia la Sierra de Crevillente. Posteriormente llegaron a Elche y Agost, siendo dispersados y hechos presos en San Vicente. Muchos fueron fusilados.

En 1827 se creó una Junta Directiva para coordinar las acciones de los liberales en el exilio. El antiguo Ministro de la Guerra durante el Trienio Liberal y exiliado en Gibraltar, Torrijos, fue un destacado participante en esa organización. Intentó organizar una insurrección de alcance que comenzara en Málaga. La insurrección se produjo finalmente en 1831, siendo financiada por los hermanos Bertrán de Lis. Pero la rebelión fue sofocada por las fuerzas realistas y Torrijos, entre otros, fue fusilado. Irene Castells ha estudiado esta cuestión en su obra La utopía insurreccional del liberalismo.

2. Las provincias valencianas.

I. Proyectos durante la Guerra de la Independencia.

Durante la Guerra de Independencia hubo diversos proyectos. Y es que la administración de José I recibió diversas propuestas de varios afrancesados, entre los que destacan las figuras del clérigo Juan Antonio Llorente, la de Francisco Amorós y Ordeano y la de José María de Lanz. Todos ellos deseaban confeccionar un nuevo mapa de España más racional que contribuyera al progreso y a una mejor gestión tributaria. Deseaban crear con ello una España unitaria y centralizada, por lo que intentaron diluir los particularismos de las viejas comunidades históricas. Por ello dividieron el territorio sin atender a la historia, basándose en los accidentes geográficos.

En noviembre de 1808 Amorós presentó a José I un proyecto de división territorial, elaborado en base a un proyecto de Llorente, que había hablando anteriormente de dividir España en diócesis. Amorós, en cambio, proponía dividir España en 38 departamentos, con unos 300.000 habitantes en cada uno. Pero ese proyecto no se pudo aplicar por la situación de guerra existente.

Pero ese proyecto fue la base para la idea de José María de Lanz, un matemático que en abril de 1810 apostaba por dividir España en 38 demarcaciones territoriales, denominadas prefecturas. El Reino de Valencia quedaba desvirtuado, ya que quedaba subsumido en la prefectura del Guadalaviar Bajo (con capital en Valencia) y la prefectura del Cabo de la Nao (con capital en Alicante), que incluía Yecla, Almansa y Villena. Además, cabe destacar que se perdían los puertos de Morella y el Maestrazgo, incluidos en la prefectura del Ebro, con capital en Tarragona. El Rincón de Ademuz pasó a la prefectura del Alto Guadalaviar, con capital en Teruel, mientras que Cofrentes pasó al Alto Júcar, con capital en Cuenca. El sur del Segura pasó a la prefectura del Bajo Segura, con capital en Murcia, de forma que todo el sur de Orihuela pasó a depender de Murcia.

Los legisladores liberales de Cádiz también proyectaron una nueva división administrativa del territorio. Pretendían construir un estado centralizado y uninacional, elemento compartido con los afrancesados. Algunos liberales incluso plantearon la posibilidad de que los gentilicios (valencianos, vizcaínos) desaparecieran, al igual que las denominaciones históricas para denominar las demarcaciones, pasándose a usar accidentes geográficos, como en el caso francés.

La Constitución de 1812 no reconocía personalidad política a las regiones, apostando por una estructura uniforme que hiciera desaparecer el viejo recuerdo histórico. Así surgió la provincia como una entidad político-administrativa al servicio del Estado, ya que el Gobierno Central determinaba su territorio y su capital, además de nombrar un jefe político para cada una de las provincias. A partir de 1849 a ese jefe político se le llamó gobernador civil.

Felipe Bauzá llevó a cabo en 1813 una división provincial, pero en el momento en que fueron a aplicarla, Fernando VII fue restaurado en el trono, volviéndose a la división territorial establecida por el conde de Floridablanca en 1789.

II. Proyectos durante el Trienio Liberal.

Un nuevo proyecto de división territorial llegaría con el Trienio Liberal, aunque su aplicación fue efímera, abarcando únicamente de 1822 a 1823. El 22 de enero de 1822 un decreto dividió España en 52 provincias. Sobre el País Valenciano se crearon 4 provincias, la de Castellón, la de Valencia, la de Játiva y la de Alicante. Un diputado valenciano, Lorenzo Villanueva, influyó en que se conjugara el reformismo del Trienio Liberal con el respeto a la tradición en la configuración de los límites históricos. Por ello esta división recordaba a la división foral con gobernaciones y lugartenencias.

La provincia de Játiva se hacía con el puerto de Denia. El Rincón de Ademuz pasó a la provincia de Teruel, y las zonas de Requena y Utiel quedaron incorporadas por vez primera a la provincia de Valencia, por su expreso deseo. Alicante se anexionaba Bocairente, Caudete y Villena, mientras que Orihuela y todo el Bajo Segura pasaban a formar parte de Murcia.

III. La división administrativa de 1833.

La división administrativa de Javier de Burgos, aprobada en 1833, dividía a España en 49 provincias, las actuales, aunque con algunas modificaciones territoriales. Se utilizó un criterio histórico para la división provincial, lo que permitió la permanencia de cierta conciencia regional que se superponía a la partición provincial.

A partir de 1833 apareció un término ficticio y disgregador, el de Levante español. Apareció desde Madrid, siendo un término muy elástico donde cabían también las regiones de Murcia, Almería, Teruel, Albacete y hasta Cuenca. Además, cabe destacar que era un término que se había utilizado anteriormente para hablar del Mediterráneo Oriental. Es posible que no fuera creado con malicia política, pero posteriormente se usaría con ese interés.

Los límites occidentales volvían a coincidir con los del antiguo Reino de Valencia. Requena- Utiel y Villena quedaban fuera de las provincias de Valencia y Alicante, respectivamente, por el predominio del criterio histórico. El Rincón de Ademuz sí se incorporó a la provincia de Valencia. En el sur, Orihuela y el Bajo Segura retornaron a la provincia de Alicante, siguiendo el criterio histórico. Castellón y Valencia quedaban con una frontera como la actual. En cambio, Alicante y Valencia veían como la Safor y la Vall d’Albaida se integraban en Alicante.

IV. Modificaciones territoriales después de 1833.

Pero después de 1833 también hubo diversas modificaciones territoriales. En 1836 Onteniente, Bocairente, Albaida y Gandía pasaron a formar parte de Valencia. En esta ocasión los cambios seguían criterios económicos y geográficos, en ningún caso históricos.

En 1836 también cabe destacar las gestiones del villenense Joaquín María López, que consiguió que Villena y Sax pasaran a formar parte de la provincia de Alicante. Argumentaba para ello la necesidad de consolidar el eje de comunicación entre la Meseta y el Mediterráneo por Villena, apoyando así el mantenimiento del corredor del Vinalopó. Con ello vemos que el factor económico era predominante.

En 1836 Caudete pasó a formar parte de la provincia de Albacete, ya que desde el Trienio había vuelto a formar parte del territorio valenciano. En 1851 Requena y Utiel se volvieron a integrar en la provincia de Valencia, ya que su industria sedera era exportada por el puerto de Valencia, como se hizo posteriormente con su vino.

La división de 1833 supuso una reorganización de los servicios dependientes del Estado, a nivel de justicia, reclutamiento, elecciones… Todo ello quedó organizado sobre la base de la provincia, y las capitales de provincia sufrieron una fuerte concentración del aparato burocrático, lo que generó un crecimiento aún mayor. Además, para optimizar el funcionamiento del sistema se decidió subdividir la provincia en partidos judiciales, la unidad territorial y administrativa que comprendía varios municipios en los que ejercía jurisdicción un juez de primera instancia, cuya capitalidad recaía en la población de mayor importancia, llamada cabeza de partido. No se debe confundir partido judicial con la comarca, que normalmente no coincidía. La comarca en tierras valencianas no tiene utilidad administrativa. Posteriormente la mancomunidad intermunicipal agruparía a diversos municipios colindantes para la explotación de un bosque o diversas actividades culturales, en una evolución de las mancomunidades provinciales.

En 1833 la provincia de Alicante se dividió en 16 partidos judiciales, que normalmente se beneficiaban con mayores obras públicas. En los siglos XIX y XX sufrieron diversas modificaciones, hasta que en 1989 se produjo la última reforma. La Comunidad Valenciana quedaba dividida en 34 partidos judiciales, mientras que Alicante era dividida en 12, que eran Villena, Alcoy, Denia, Villajoyosa, Novelda, Alicante, Elche, Orihuela, Benidorm, Elda, Ibi y San Vicente del Raspeig.